Organizaciones sociales y de derechos humanos de Perú expresaron su rechazo a las recientes declaraciones del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, a quien acusan de presionar e intimidar a los jueces encargados del caso Cayara para que concedan una amnistía a militares implicados en graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en Ayacucho, al sur del país, en 1988, cuando fueron masacrados 39 campesinos.

LEA TAMBIÉN

Organizaciones de derechos humanos rechazan ley de amnistía para militares y policías en Perú

Líderes de la asociación de familiares de las víctimas del caso manifestaron su profunda indignación. Uno de ellos recordó su condición de afectado y señaló que su padre fue desaparecido durante los hechos y que, pese a los años transcurridos, continúa buscándolo.

“Este tipo de acciones causan un dolor enorme. Mi padre desapareció y hasta ahorita no lo puedo encontrar, sigo buscando y lo haré hasta el último día que me dé la vida”, expresó, al tiempo que rechazó de forma categórica las intervenciones del titular del Parlamento.

La polémica se desató tras la participación de Rospigliosi en una audiencia virtual, en la que los magistrados analizaban la aplicación de una norma que plantea la prescripción de los delitos de lesa humanidad. Según los denunciantes, el presidente del Congreso amenazó a los jueces con iniciar procesos penales si no amnistiaban a los militares implicados en violaciones a los DD.HH.

Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), sostuvo que las acciones del congresista podrían constituir un delito. Afirmó que contravienen la normativa nacional y el Código Penal, que sanciona la intromisión en las funciones del sistema judicial, y advirtió que las amenazas atentan contra la independencia y autonomía del Poder Judicial.

Pariona recordó que en 2023 se logró una sentencia condenatoria por los crímenes de Cayara y alertó que ese avance se encuentra en riesgo debido a iniciativas legales que buscan garantizar la impunidad y borrar la memoria de lo ocurrido. En ese contexto, señaló a Rospigliosi como uno de los principales impulsores de propuestas como la amnistía y la prescripción de crímenes de lesa humanidad.

En la misma línea, Gloria Cano, abogada de las víctimas, calificó como una amenaza directa los llamados a sancionar penalmente a los jueces si no conceden la amnistía. Subrayó que los magistrados cuentan con respaldo constitucional y con la Convención Americana sobre Derechos Humanos para ejercer el control de constitucionalidad y convencionalidad.

La jurista enfatizó que, si los jueces concluyen que la norma vulnera los derechos de las víctimas, el derecho de la sociedad a conocer la verdad y las obligaciones del Estado de investigar y sancionar estos crímenes, ninguna autoridad política tiene potestad para intimidarlos. “Opinar es legítimo, pero amenazar es otra cosa completamente distinta”, afirmó.

Mientras en el Congreso se impulsa una recolección de firmas para promover la censura de Rospigliosi, representantes de las organizaciones sociales consideran poco probable que la medida prospere debido a un pacto de impunidad. Aunque el presidente del Legislativo negó haber interferido en el proceso judicial, los familiares de las víctimas anunciaron que presentarán una denuncia penal en su contra por presunto atentado contra la administración de justicia.

Días atrás, la congresista Ruth Luque presentó una moción de censura contra Rospigliosi por presunta presión a jueces del caso Cayara.

Entre mayo y junio de 1988, militares peruanos ejecutaron extrajudicialmente a 39 campesinos en el área de Cayara, en el marco de operaciones contra el entonces movimiento Sendero Luminoso. Los agricultores no habían protagonizado enfrentamientos con el Ejército, por lo cual se acusó a aquellos de los delitos de homicidio calificado, encubrimiento real y desaparición forzada. Ocurrió durante el primer mandato del expresidente Alan García.

Luego de muchos años, los uniformados responsables de la masacre fueron juzgados y enviados a prisión, aunque ciertos aspectos del proceso levantaron cuestionamientos, como las absoluciones a los acusados de cambiar la ubicación de los cuerpos de las víctimas con fines de entorpecer las investigaciones futuras.

EN ESTA NOTA: